«Deuda ecológica» es un término empleado por vez primera en 1992, durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, acuñado por María Luisa Robleto y Wilfredo Marcelo, pertenecientes al Instituto de Ecología Política de Chile. También conocida como «deuda climática», describe un consumo de los recursos naturales mayor de la capacidad de regeneración de los mismos. En términos de ahorro, supondría gastar más dinero del que disponemos.
Pero si la Tierra es una gran hucha, no todos derrochan por igual. De ahí que el concepto, deuda ecológica, refiera la responsabilidad que tienen los países industrializados por la gradual apropiación y control sobre los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus modelos de producción y consumo.
Esta deuda contraída por los países más desarrollados se sustenta en cuatro ejes. El primero, la deuda de carbono, ya que emiten una proporción desmesurada de gases contaminantes, fundamentalmente de efecto invernadero, que sobrepasa la capacidad de absorción de bosques, suelos y océanos. Estas emisiones afectan por igual a países que apenas contaminan, como África subsahariana y Asia meridional, las regiones con mayor pobreza del mundo. Las consecuencias de esta contaminación en los países del sur global se traducen, además, en la reducción del rendimiento de los cultivos de los alimentos básicos, un aumento de las inundaciones por el crecimiento del nivel del mar y sequías más feroces.
El segundo pilar de la deuda ecológica es la biopiratería, la apropiación irregular o ilegal de recursos biológicos, patentando variedades de productos como soja o algodón, por ejemplo, o introduciendo las «semillas suicidas», que no son fértiles, con lo cual se obliga a los campesinos a comprarlas cada cultivo.
Como tercer eslabón, los pasivos ambientales, que comprenden los daños generados en el pasado, en especial los derivados por la minería, la industria manufacturera, la extracción de hidrocarburos, la pesca y la agricultura.
Por último, la exportación y depósito de residuos tóxicos. Los países del sur global tienen una legislación más laxa con este tipo de productos, lo que facilita que terminen convirtiéndose en enormes vertederos de los países industrializados.
Es imposible determinar cuánto deberían pagar los países industrializados por el uso mayoritario de los océanos, bosques y suelo, que neutralizan y absorben sus emisiones, o a cuánto ascienden, en términos económicos, las consecuencias de esos cuatro puntales antes descritos. No hay cifras que se aproximen al valor del conjunto de acciones enunciadas.
Desde la época del colonialismo, inicio de esa deuda, resulta irrealizable el mero hecho de enumerar y evaluar todas y cada una de las prácticas que contribuirían a la factura de esa deuda. Mucho menos sus efectos. Asimismo, las relaciones entre ecosistemas y las diferentes sociedades humanas son en extremo complejas y problemáticas, por lo que determinar con precisión las consecuencias de un daño ambiental queda cerca de lo quimérico.
Baste un ejemplo: la contaminación se propaga y acumula a lo largo de la cadena trófica, en la que intervienen factores (tantas veces imprevisibles) que aumentan o disminuyen (en pocas ocasiones, pero también) el riesgo. Además, el largo plazo que requieren algunas consecuencias para manifestarse enreda más ese hipotético cálculo. La causa-efecto no siempre es deducible, ni demostrable de manera empírica. Por tanto, escapa de la posible cuantificación. A ello resta añadir las vidas humanas. ¿Cuánto costaría cada una de ellas?
Por todo ello, la deuda ecológica que se podría compensar es, en cualquier caso, una parte mínima. Y, a pesar de todo, el esfuerzo es cada vez mayor, por ejemplo para argumentar, con valores económicos, que la deuda externa de los países del sur ha quedado saldada con excedentes. Para ello, se emplean indicadores como la relación entre las toneladas de materia que entran y salen de un país concreto. No es un indicador directo de contaminación (el mercurio contamina más que de hierro) pero permite dimensionar las economías y determinar que el ingreso obtenido de la venta de una tonelada de bienes exportados equivale a la compra de cuatro toneladas de bienes importados.
De ahí que los países del sur, a causa de la pobreza y la deuda exterior, se vean abocados a vender cada vez más bienes primarios, como combustibles fósiles, metales o minerales, que contaminan mucho más de la riqueza que reportan, mientras que los países del norte elaboran con ellos productos más caros y menos contaminantes.
Sin embargo, sí es posible determinar la deuda ecológica en términos de huella ecológica, recogiendo el consumo de recursos de una persona, una región o un país respecto de la capacidad regenerativa del planeta. Y aquí, cada uno de nosotros sí puede contribuir, modesta pero necesariamente, a que esa hucha del planeta salga de los números rojos. ¿Cómo? Desde aislar las viviendas (tanto la calefacción como el aire acondicionado son dos de los factores que más repercuten en los recursos naturales) a adquirir electrodomésticos más eficientes. A ello se suma practicar una movilidad sostenible (preferir caminar o el uso de bicicleta en trayectos cortos y el transporte público en el resto) y ejercer un consumo responsable en extremo, observando el etiquetado ecológico, reciclando y reduciendo (agua, electricidad). Porque, al fin y al cabo, de la hucha del planeta depende nuestro crédito futuro.
Esther Peñas es periodista y autora de varios ensayos y novelas. Es colaboradora en medios como Ethic, Turia, CTXT, Cermi.es, Oxi-Nobstante y Graphic Classics. Actualmente, trabaja en Fundación ONCE, donde se enfoca en temas de diversidad, liderazgo activo y trabajo en equipo, con un claro compromiso con la inclusión en el entorno profesional. Su experiencia abarca tanto la gestión de proyectos como el desarrollo de capacidades en entornos colaborativos, destacando por su enfoque en la productividad y el empoderamiento de los equipos.